Tapabocas si, silencio no (por Lucia Carpano)

Ayer ocurrió en Campana un nuevo femicidio, una nueva mujer que engrosa la larga lista de víctimas de violencia de género. Pasó cerca, en una ciudad donde todos de alguna forma nos conocemos. Por eso Lucía Carpano, en su primer columna de opinión en Código Plural, invita a reflexionar sobre la violencia de género en el contexto de la emergencia por COVID-19

Lucia Carpano, abogada

En una situación en la que se venía reclamando por muchos sectores la declaración de la emergencia en violencia de género, la crisis sanitaria por el coronavirus, y las medidas totalmente necesarias tomadas por el gobierno nacional de aislamiento o cuarentena, provocan especial preocupación. La cuarentena podría hacernos pensar  que las mujeres podrían estar a salvo en sus hogares, pero esto no es así. Ha aumentado el número de denuncias, y continúan  los femicidios que son la expresión más brutal de violencia de género.

Lo primero que hay que remarcar es que el COVID 19 no es la única pandemia. En un contexto donde las cifras se imponen y nos mantienen en vilo, vale recordar que en Argentina todos los años ocurren un promedio de 280 femicidios, es decir un femicidio cada 30 hs. Solo en el período de cuarentena, y con un marcador que no para de correr, se registran 25 femicidios (Cifras del OFEMMM).

Estos hechos demuestran que las mujeres y disidencias se encuentran en peligro, y que ese peligro, en la mayor parte de los casos, no es externo a su entorno familiar. Las mujeres y los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en cuarentena con sus agresores están atravesando momentos especialmente difíciles. Para enfrentar este tema se han viralizado en las redes consignas como #NoEstasSola, y otros. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha lanzado propuestas como difundir y reforzar la línea telefónica 144, y la campaña del barbijo rojo entre otras.

Frente a esto el Estado debe dar respuesta, estar presente con medidas que garanticen la seguridad física, económica, y psicológica de las víctimas de la violencia. Tenemos herramientas valiosas en la legislación, como la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley contra la violencia Familiar en la provincia de Buenos Aires y otras. Estas medidas (como las cautelares de restricción de acercamiento o perimetral, exclusión del hogar, alimentos provisorios, etc.) pueden reclamarse aún en este especial periodo, porque es uno de los temas que la justicia sigue tratando por la urgencia que tienen. 

Pero es fundamental que la solidaridad pueda llegar efectivamente, mucho más en esta excepcional emergencia, y para eso hay que poner en acción a la población interesada. La propuesta de un proyecto de ley de la Diputada Nacional del Partido  del Trabajo y del Pueblo, Verónica Lía Caliva, que integra el bloque del Frente de Todos, de declarar la Emergencia por Violencia de Género en el marco del COVID-19, integra la necesidad de dar respuesta, con la potencialidad que tienen las organizaciones sociales (integradas en forma mayoritaria por mujeres) para hacer llegar efectivamente la ayuda a las personas que sufren violencia de género. Para eso, propone la implementación de un programa de 100.000 Promotoras/es en Prevención de la Violencia de Género, que puedan hacer un relevamiento de la situación en los territorios.

En Campana la presidenta del Concejo Deliberante, Marina Casaretto del PRO dentro de Juntos por el Cambio,  llamó a reflexionar a la sociedad sobre el problema. Organizaciones feministas han planteado la crítica correcta de que no tiene propuestas concretas. 

Es necesario conformar un Comité de Crisis, de las distintas fuerzas sociales, políticas etc, como plantea el Frente de Todos de Campana, ante la emergencia sanitaria, que en nuestra ciudad no funciona por la negativa del intendente Sebastián Abella a formarlo a pesar de la expresión de diversas fuerzas políticas y sociales de ponerse a disposición para enfrentar la pandemia. 

Dentro de los temas a tratar, la Emergencia en Violencia de Género es fundamental, para lo cual debería ser parte de dicho Comité de Crisis, y en el que participen todas las organizaciones feministas, políticas, sociales, instituciones educativas y de profesionales interesados. Reconocer el amplio trabajo que vienen realizando las organizaciones de mujeres y feministas para enfrentar la violencia de género es fundamental a la hora de poner en práctica medidas que puedan llegar efectivamente a quienes las necesitan.