Alonso: "Cuando Milei ataca a los abogados laboralistas, ataca a los trabajadores"

Durante la presentación de su propuesta de reforma laboral en San Nicolás, el presidente Javier Milei calificó de “caranchos” a los abogados laboralistas. Esa declaración no es un exabrupto: es una muestra más del desprecio con el que este gobierno trata todo lo vinculado al trabajo, la organización y la defensa de las conquistas laborales.

En mi condición de legisladora bonaerense, expresó Soledad Alonso, presenté un proyecto de declaración (D-2816) para expresar el más enérgico repudio a esas manifestaciones. Porque denostar a los profesionales que ejercen esta especialidad del derecho también significa atacar a los propios trabajadores, a quienes esta gestión busca recortarles garantías y, al mismo tiempo, limitarles la posibilidad de defenderse.

El derecho laboral nació como respuesta a los abusos del poder económico y a la histórica desigualdad entre empleados y empleadores. Protege a quienes sufren accidentes, despidos injustificados o incumplimientos patronales. Su aplicación cotidiana es una herramienta fundamental para equilibrar las relaciones laborales y hacer cumplir los principios consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos.

El gobierno de Milei está haciendo estragos en todo lo relacionado con el mundo del empleo. Avanza sobre conquistas históricas, promueve la flexibilización y favorece a un grupo minúsculo de poderosos que son los mismos de siempre. En ese contexto, atacar a los abogados laboralistas forma parte de una estrategia más amplia: debilitar la defensa de la clase trabajadora para dejar el camino libre a los abusos patronales.

Después del anuncio del presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó un video en el que adelantó que, tras las elecciones, van a avanzar con la reforma laboral y la tributaria. Hablan de “modernización”, pero quieren decir flexibilización. Buscan que las empresas puedan despedir sin motivo ni aviso, y que las y los trabajadores no puedan defenderse. Si todos los días escuchamos que cierran empresas y familias se quedan sin sustento, ¿qué va a pasar cuando puedan hacerlo sin consecuencias?.

Todo es parte de un mismo plan de gobierno que busca beneficiar a los de siempre. El derecho a un trabajo digno, a una indemnización y a contar con un profesional que te defienda también está en juego en estas elecciones. Hay que ponerle un freno a este modelo.

Por eso, repudiar estos ataques no es solo un gesto de solidaridad: es un acto de defensa del pueblo trabajador y de la justicia social.