El acoso callejero ya es considerado violencia ante la ley

El Senado sancionó la incorporación del acoso callejero en la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N° 26.485). Es un gran avance en términos generales sobre un tema que fue normalizado históricamente pero resta saber cómo se aplicará en la práctica ya que existe una gran desidia judicial frente a las problemáticas de violencia de género.

Está semana fue votada en la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación la incorporación del acoso callejero a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, un reclamo que viene tomando fuerza en los últimos años. Según un relevamiento realizado por la agrupación Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), el 93% de las argentinas sufrió acoso callejero.

Ahora este tipo de violencia está definido como la que se da “contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual que dañan su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil”.

Además establece que Instituto Nacional de la Mujer debe destinar una línea de teléfono gratuita para contener y asistir a las víctimas. También señala que las fuerzas de seguridad deben “proteger a las mujeres cuando sean hostigadas”.

Ahora resta resolver cómo sería el desenlace luego de las denuncias, la idea por ahora es tratar otro proyecto de ley sobre el tema, que obtuvo este mes dictamen en la Comisión de Legislación Penal. Este proyecto incluye el acoso sexual callejero como delito en el Código Penal. Además, buscan que el responsable deba pagar una multa de hasta 30.000 pesos y que se le exija participar de talleres o encuentros de concientización sobre violencia de género.

La aplicación es muy importante, ya que si bien que “los piropos callejeros” tengan una figura legal es fundamental para la construcción de una sociedad más igualitaria, no se puede obviar el pésimo funcionamiento de la justicia en los casos de violencia de género más graves lo que llevaría a pensar la poca importancia que le darían a estos casos.