Se aprobó la Ley Micaela García y los funcionarios deberán capacitarse en violencia de género
Ayer en Cámara Alta, con 59 votos positivos, se sancionó el proyecto que propone la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres". Cabe destacar que no incluye un paquete presupuestario y deberá correr por cuenta del INAM, que es de público conocimiento sufre un gran ajuste monetario.
La “Ley Micaela Garcia” intentara aggiornar a los tres poderes del Estado, imponiendo la capacitación en género y violencia contra las mujeres "para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación".
Contempla la creación de un "Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres", que tendrá como objetivo “capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió nuestro país al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer".
La iniciativa fue presentada por la diputada Victoria Analía Rach Quiroga (FpV) y lleva el nombre Micaela García en honor a la joven violada y asesinada en Gualeguaychú en el 2017.
La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo. Y a su vez, deberá llevar un registro público en su página web de aquellos funcionarios que lo realicen.
Paralelamente a la alegría por este gran paso conseguido, el movimiento feminista cuestionó el hecho de que no exista un presupuesto para poder implementar dichas capacitaciones. Hace varios meses trascendió la fuerte desfinanciación que sufre el INAM y desde las colectivas temen que el ajuste en el sector de género afecte la correcta aplicación de la Ley.
