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Medidas de emergencia para las empresas en época de Pandemia

Tan solo han pasado cuatro días desde que escribimos en este medio mencionando como nos había modificado nuestra vida cotidiana la Pandemia generada por el COVID 19. De manera abrupta y repentina, tuvimos que acostumbrarnos a confinarnos dentro de nuestras casas, solo debiendo salir de forma excepcional para la compra de insumos necesarios para la subsistencia. Por Ezequiel Name Panebianco y Fabio Fraticelli (contadores públicos)

El estudio esta ubicado en Dominicis 823

Mencionamos en la anterior edición que el Decreto 297/2020, que estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, generó un antes y un después en la forma de relacionarse.

Pasados varios días del dictado de dicho decreto, y haciendo un análisis del contexto histórico por el cual se dictó, entendemos que el mismo debe interpretarse de manera lógica y no da lugar a grises. Como individuos debemos saber cuál es el fin del decreto, que es el cuidado de toda la comunidad organizada. Es importante expresar esto, porque algunas personas, y bajo la excusa de que el artículo 6 de la norma expresa la fuerza mayor como excepción , desoyeron los consejos de la comunidad científica, el espíritu de la norma, y no cumplieron la cuarentena de la forma deseada. A todo esto se suman algunas decisiones desacertadas como las del cobro de jubilaciones del día viernes.


Expresado lo antedicho, e insistiendo en que en esta crisis siempre es prioritario lo humano, es entendible que los empresarios, comerciantes, y empleados estén muy preocupados, ansiosos y angustiados por la situación económica que genera el aislamiento obligatorio y la incertidumbre sobre sus negocios en el futuro.

Por lo expuesto, queremos hacer un análisis de las herramientas que tienen a su alcance en materia tributaria, laboral, previsional y crediticia.


Con respecto a la materia tributaria, sabemos que los tres niveles de gobierno (Nacional, Provincial y Municipal) tienen poder de imperio para establecer tributos. Las municipalidades en teoría, solo tasas, aunque para financiarse crean impuestos camuflados en tasas, sin la correspondiente contraprestación de servicios. Tema que desarrollaremos en próximas ediciones.


Lo primero y principal que creemos que tiene que conocer el hombre de negocios, es que un principio fundamental del Derecho Tributario es el de “capacidad contributiva”. En resumen, los tributos se fijan para quienes tiene capacidad económica para pagarlos. Entendemos que durante esta emergencia del Covid 19, en la cual gran parte de las actividades económicas no tienen facturación y continúan con la misma estructura de costos fijos, esa capacidad contributiva deja de existir. Por lo expuesto, el empresario tiene que diseñar una planificación de prioridades empezando por su subsistencia personal, y siguiendo por el carácter alimentario de los sueldos que tiene que abonar a su personal.

En este sentido, el principal organismo recaudador (A.F.I.P), pareció no entender cuál es la realidad del empresario. Todavía no emitió ninguna norma tendiente a posponer vencimientos. En épocas de emergencias por inundaciones, sequías, desastres naturales, los organismos fiscales suelen aplazar el pago de tributos. Pero en este caso, con una crisis mundial mucho mayor, A.F.I.P ha hecho oídos sordos a los pedidos de las cámaras empresarias y asociaciones de profesionales en Ciencias Económicas.


Quien parece haber tomado nota, y pensar aunque sea un poco en la situación de emergencia sanitaria y económica, es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), quien dispuso que se posponga el vencimiento del anticipo 3 del impuesto sobre Ingresos Brutos de Abril y el impuesto inmobiliario, que se pasaron al mes de Mayo.


A nuestro criterio, todo esto tiene sabor a poco. Los organismos de recaudación dentro de las facultades que tienen deben ofrecer más facilidades a los empresarios y posponer todos los vencimientos por lo menos hasta que termine el foco de la pandemia. Es sabido que el estado necesita de los recursos para poder atender necesidades públicas, y más en estos momentos en que la salud pública necesitará de mayor atención. Pero esto no puede ser en detrimento de empresarios o comerciantes que en este momento están al borde del precipicio.


Por otra parte, exigimos de las legislaturas, únicos habilitados por la Constitución Nacional o las provinciales, para poder imponer tributos o eximirlos, que realicen el ejercicio de dictar normas de ayuda especialmente al sector Pyme. Por ejemplo exenciones tributarias para los sectores más afectados, todo esto sin afectar el principio de igualdad constitucional. Es entendible que sesionar sea conflictivo en época de Coronavirus, pero urge una solución.

En este contexto la única herramienta rescatable, pero no suficiente , son los créditos que deben otorgar los bancos, fundados en las comunicación “A 6937” del Banco Central de la República Argentina, a tasas del 24 % anual, o menores, para poder atender el pago de las nóminas salariales o para capital de trabajo.


En materia laboral y previsional, como mencionamos en la nota anterior, la Resolución del Ministerio de trabajo y Seguridad social N° 219/2010, había establecido para ciertos trabajadores, los que hayan discontinuado tareas habituales por estar cumpliendo el Aislamiento Obligatorio, que su remuneración iba a tener el carácter de no remunerativo a los efectos de los aportes y contribuciones de la seguridad social. Esto, dentro del deprimente contexto que vivimos, parecía una buena noticia para el empresario, ya que abonaría menos contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social. Por ende, las empresas empezaron a preparar las liquidaciones de sueldos de sus empleados siguiendo estos preceptos. Pero, y aunque el lector no lo crea, con fecha 31 de Marzo se empezaron a escuchar rumores de que dicha resolución sería derogada. Finalmente, con fecha primero de abril del corriente año se publicó la Resolución N° 279 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual deroga a la reciente resolución N° 219 antes mencionada, quitando los beneficios al empresario de pagar menos contribuciones patronales. En conclusión las empresas tuvieron que reliquidar los sueldos de sus empleados y calcular nuevamente el monto a erogar en concepto de tributos sobre la nómina salarial.

En este contexto, y en materia laboral, el 31 de Marzo se publicó en el boletín oficial el Decreto 329/2020, el cual dispuso que en el marco de emergencia pública establecida por Ley 27541, se prohíben los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor hasta el 30 de Mayo de 2020. Asimismo, se prohibieron las suspensiones por causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo también hasta el 30 de Mayo de 2020. Ahora bien, en dicho decreto, se exceptúan de la prohibición las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.


Dicho artículo de la Ley de Contrato de trabajo , consiste en una suspensión concertada entre el empleador y el trabajador, la cual este último debe aceptar, y cuyo fundamento es la causa económica. Siguiendo los lineamientos de este artículo el empleador puede suspender durante un tiempo al trabajador, pagando un subsidio no remunerativo y que sólo tributa aportes y contribuciones de obra social y ART. La suma a abonar es un porcentaje del salario del trabajador, que entendemos no puede ser menor al salario mínimo vital y móvil, y que debe rondar el 60 % del bruto.


Con esto las empresas pueden evitar problemas futuros y preservar las fuentes de trabajo, y el costo laboral cuando se aplica esta suspensión concertada es aproximadamente un tercio del costo laboral total.


Por último, y para ir finalizando con este pantallazo de las normas emitidas en los últimos días, y que pueden ayudar al empresario y a los recientes desocupados, el Estado Nacional emitió el decreto 332/2020 denominado “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”, publicado en el Boletín oficial el 1 de Abril de este año.

En el mismo se establecen importantes beneficios para la compañías, especialmente en materia de sueldos y tributos sobre la nómina salarial. El Programa consistirá en la obtención de uno o más de los siguientes beneficios:


a. Postergación o reducción de hasta el noventa y cinco por ciento (95%) del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

b. Asignación compensatoria al salario abonada por el Estado (ANSES) para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, para empresas de hasta cien (100) trabajadores. Esto consistirá en un esquema por medio del cual el estado se hará cargo de una parte del salario, hasta un máximo del salario mínimo vital y móvil , por ejemplo en empresas de hasta 25 empleados, debiendo el empleador abonar el resto. En empresas de más empleados, la parte de la cual se hará cargo el estado, es un porcentaje de dicho salario mínimo vital y móvil según la escala detalla en el artículo 8 del decreto.

c. REPRO asistencia por la emergencia sanitaria: suma no contributiva respecto al Sistema Integrado Previsional Argentino abonada por el Estado para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, comprendidos en el régimen de negociación colectiva, para empleadores que superen los cien (100) trabajadores.

d. Sistema integral de prestaciones por desempleo: trabajadores que reúnan los requisitos previstos en las leyes 24013 y 25371 accederán a una prestación económica por desempleo


Los empresarios que podrán acceder a los beneficios descritos son aquellos cuyas actividades económicas fueron afectadas en forma crítica en las zonas geográficas donde se desarrollan; o que tengan una cantidad relevante de trabajadores contagiados por el COVID-19 o en aislamiento obligatorio o con dispensa laboral por estar en grupo de riesgo u obligaciones de cuidado familiar relacionadas al COVID-19; o que hayan tenido una sustancial reducción en sus ventas con posterioridad al 20 de marzo de 2020.


No pueden obtener estos beneficios las empresas que pudieron seguir trabajando durante la pandemia, por ejemplo las ligadas al sector de alimentos, descritas en el artículo 6 del decreto 297/2020 y en la Decisión Administrativa 429/2020 y sus eventuales ampliaciones ( entendemos que tampoco gozarían del beneficio los excluidos del aislamiento por la Decisión administrativa 450/2020 de reciente publicación), y tampoco aquellas actividades que no exteriorizaron una sustancial caída en su actividad. Esta última parte de la redacción del decreto necesitará de aclaraciones vía reglamentación.


Por otro lado, es dable mencionar, que los sujetos arriba mencionados también gozarán de los siguientes beneficios, pero esta vez optando por uno de los dos que a continuación se mencionan:

a. Postergación de los vencimientos para el pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino. El decreto delega en la AFIP la forma para que se posterguen los vencimientos.

b. Reducción de hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino devengadas durante el mes de abril de 2020. Este beneficio será para empleadores cuyo número total de trabajadores en relación de dependencia al 29 de Febrero de 2020 no supere la cantidad de 60. De superarse dicha cantidad a esa fecha, a los efectos de gozar este beneficio, los empleadores con esas condiciones deberán promover el Procedimiento Preventivo de Crisis de la Ley 24013.

El periodo de aplicación del Decreto 332/2020 es desde el 20 de Marzo hasta el 30 de Abril de 2020.


Conclusiones:

Para no quedarnos solamente en una descripción de las medidas adoptadas por el gobierno en situación de Pandemia, creemos necesario aportar que, pasada esta emergencia, será necesaria una reforma integral del sistema tributario Argentino. La presión fiscal especialmente sobre la clase media y las Pymes es asfixiante y llega a niveles confiscatorios que violan principios constitucionales. Es entendible que en el contexto macroeconómico en que nos encontramos, inclusive anterior a la Pandemia, el estado tiene muchas necesidades públicas que atender, pero no creemos que la solución sea siempre cortar por lo más fino. O sea, hacer tributar a la clase media, a los trabajadores, o a las Pymes. Creemos que la brújula está en el principio mencionado de capacidad contributiva, el cual reza que deben pagar más los que más tienen. Cuando nos referimos a los que más tienen, no hablamos de una persona que obtuvo su patrimonio con su trabajo personal, o un empresario que a pesar de las sucesivas crisis de este país, logró salir adelante dando trabajo en forma directa o indirecta a muchas familias. Nos referimos a grandes multinacionales que aprovechando normas elusivas de Derecho Tributario Internacional ni siquiera tienen domicilio fiscal en Argentina, logrando erosionar su base para tributar lo menos posible en nuestro país.


Por último, y como mencionamos que las medidas del gobierno durante la pandemia tienen sabor a poco para los empresarios que no están obteniendo ingresos pasamos a proponer algunas medidas urgentes que se podrían tomar:


  1. Prorrogar los vencimientos impositivos y previsionales hasta tanto se declare que la curva de infectados por la pandemia se redujo a un nivel en que la cuarentena se puede levantar en forma total.

  2. Permitir la compensación de obligaciones tributarias provinciales. Por ejemplo que los contribuyentes que tienen saldo a favor en Ingresos Brutos puedan compensar con el impuesto inmobiliario o automotor.

  3. Devolución inmediata de saldos a favor en Ingresos Brutos, o de recuperos de IVA por exportación, o saldos de libre disponibilidad de impuestos nacionales.

  4. Suspender los regímenes de percepciones bancarias, retenciones y percepciones provinciales.

  5. Suspender regímenes de retención de IVA, impuesto a las ganancias y Seguridad Social

  6. Suspender el régimen de anticipos del impuesto a las ganancias y de bienes personales.

  7. El parlamento, debe incluir en la moratoria de la Ley 27541, la cual ahora se pospuso al 30 de Junio, las deudas fiscales hasta el 31 de Marzo. También deben legislar exenciones para las actividades más afectadas sin violar el principio de igualdad.

  8. Las legislaturas provinciales también deberían establecer moratorias en las que se puedan incluir obligaciones hasta el 31 de Marzo.

  9. El certificado Pyme debe expedirse de forma automática, sin burocracia ni inconvenientes sistémicos, ya que es una herramienta fundamental para acceder a beneficios fiscales y a los créditos que otorgan los bancos.


Todo esto, en pos de que las Pymes, comerciantes y empresarios puedan priorizar su salud personal y la de sus familiares, salvar la empresa que tanto esfuerzo les costó construir, y poder atender la salud y los sueldos de carácter alimentario de sus trabajadores.

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