Ley de humedales: la propuesta de la Izquierda para proteger y conservar ecosistemas

La iniciativa, puesta a disposición de organizaciones socioambientales en lucha, se suma a otras en el marco del debate nacional hacia una ley de humedales, un reclamo histórico que se vuelve cada vez más urgente.

Esteros del Iberá (Corrientes)

La grave situación que atraviesa el país, con quemas intencionales, desmontes y contaminación con agrotóxicos en territorios de humedales, es el marco para la iniciativa de la Izquierda. El anteproyecto, elaborado en forma colectiva desde la banca del diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-FIT), fue acercado al Frente de Izquierda Unidad para que sea considerado y enriquecido a fin de ser empujado en común en el Congreso. En sus fundamentos se señala que con la aprobación de la ley se busca “causar un impacto inmediato en beneficio de humedales, especies y comunidades que los habitan, que nos permita hacer un mapeo y un ordenamiento para su conservación y uso racional”. La propuesta es un aporte que también se pondrá a consideración de organizaciones ambientales y populares que luchan contra los crímenes socioambientales y en defensa del ambiente.

El anteproyecto, que se suma a otras iniciativas ya presentadas, establece la realización de un inventario nacional de humedales que deberá partir de los ya reconocidos por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar, adoptado en 1991 en Argentina) y el Inventario Nacional de Humedales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (2016). Según la norma propuesta, deberá realizarse con la participación de nación, provincias, comunidad científica y organizaciones civiles interesadas.

Tanto en el diseño del inventario como en la implementación, la iniciativa de la izquierda incorpora la participación popular, de carácter vinculante, y la creación de consejos consultivos a nivel nacional y local que, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), se ubicarán como autoridades de aplicación de la ley.

El anteproyecto también incluye la democratización de la información, para identificar y monitorear el estado actual e investigar las posibles amenazas sobre estos territorios, y la creación de un registro público de humedales que permita “la incorporación de los saberes locales a la instancia de toma de decisión”, en especial comunidades campesinas, isleñas y pueblos originarios, cuyos medios de vida ancestrales deberán ser respetados.

El crimen socioambiental por las quemas del agronegocio en las islas del delta del Paraná ha vuelto a poner sobre el tapete, en las calles, las redes y el ámbito parlamentario la necesidad de una ley de humedales que en forma inmediata dé cobertura y protección a esos territorios. Pero la demanda de una ley nacional de humedales es de larga data: de norte al sur del país estos territorios en los que el agua, en sus diferentes formas y superficies, es agente del paisaje se ven amenazados desde hace décadas y en forma creciente por el agronegocio, la megaminería y la especulación inmobiliaria.

Ahí están los Esteros del Iberá, en Corrientes, donde la comunidad guaraní lucha para evitar el desplazamiento y la contaminación de sus territorios a causa del agronegocio. Los mallines de la Patagonia, amenazados por tóxicos y sobredemanda de agua para la megaminería de oro y uranio, como en Chubut y Río Negro. En Mendoza miles en las calles defendieron la ley 7722, que protege el agua del cianuro de la megaminería, que también se derramaría en sus humedales. Los pueblos atacameños, diaguita y coya que habitan los humedales altoandinos sufren los intentos de saqueo de las transnacionales del litio, que con un relato de “desiertos” imponen la sobreexplotación y privatización de estos territorios.

Ciudades enteras padecen la apropiación de ríos y lagunas, además de la destrucción del suelo, la intensificación de inundaciones y el cambio drástico del paisaje por la acción de megaproyectos turísticos, especialmente en la Patagonia, o inmobiliarios. Desde la expulsión de carpinchos y gansos en el country Abril de Hudson, Berazategui, que se apropió de la mitad de la laguna perteneciente a la reserva Pereyra Iraola, al complejo de lujo que Techint quiere instalar en la costa de Quilmes-Avellaneda, sin olvidar lo que sucede a partir de la construcción de Nordelta, en la zona norte del conurbano, donde son constantes las inundaciones de los barrios como Las Tunas.

El anteproyecto de ley de humedales propuesto desde la banca de Del Caño llega también en momentos en que el Gobierno busca instalar en norte y sur del país megafactorías porcinas para China, que “incluyen demanda intensiva de agua, contaminación de tierras y aguas subterráneas con antibióticos que se administran al ganado porcino, hacinado por miles, entre otros peligros sociosanitarios”, dice la letra del anteproyecto.

Entre otras contribuciones a la humanidad, los sistemas de humedales proveen de agua dulce y salada, controlan inundaciones, transportan nutrientes, mitigan la crisis climática, absorben dióxido de carbono y regulan la temperatura, pero también son reservas de biodiversidad, fuentes de medicinas y productos farmacéuticos naturales y patrimonio cultural para comunidades que viven y producen en armonía con su entorno.

La norma que se pone a disposición del Frente de Izquierda Unidad y las organizaciones en lucha se plantea a los fines de preservar que los beneficios ambientales a futuro sigan siendo garantizados. No es una frase azarosa en contexto de la emergencia climática en desarrollo. Como dicen los fundamentos, “además del respeto al ambiente y las comunidades que viven y trabajan en humedales, se trata también de pensar en el futuro y las próximas generaciones, que deberán desarrollarse en condiciones mucho más difíciles para la vida en el planeta a causa de la crisis climática y ecológica global”.

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➡️ Por Valeria Foglia, Staff Ecología y medioambiente de La Izquierda Diario