La obligación del Estado y de la sociedad en la prevención y erradicación de las violencias

Por Mireya Ribas Medal, Secretaria Inclusión Social Frente Grande de Campana.

La militante del Frente Grande local reflexionó sobre el caso de Maia Beloso

Desde la Secretaría de Inclusión Social del Frente Grande Campana reflexionamos sobre las infancias que viven, junto a sus familias, en condiciones de vulneración de derechos y marginalidad, a veces incluso en límites que permanecen invisibilizados hasta que un caso replicado mediáticamente nos obliga a mirar esa realidad dolorosa que nos interpela.

En este caso bien conocido ahora podemos alegrarnos porque la niña de 7 años fue hallada con vida, en aparentes buenas condiciones, las que corresponde evaluar por equipos interdisciplinarios dados la edad y los derechos especiales que tienen que ver con la responsabilidad de garantizar por parte del Estado y todos los organismos que de él dependen, su integridad psicofísica y social.

Ahora bien: a partir de ahora, ¿quién cuidará de la niña y su familia?

De ella, de su madre que “no la cuidó”, de la madre del secuestrador “que no lo supo educar”, de la testigo en una rotisería “por no avisar a tiempo”, incluso de que la niña no habría “opuesto resistencia”, de todo eso sobreabundó la “información” de los medios. De más está decir que siempre se termina culpabilizando a las mujeres e infancias acerca de los padecimientos que otras personas les ocasionan. Prácticamente ninguna “comunicación” cuestionó que la policía no aceptó la denuncia de manera inmediata, que no puso a todas las unidades a la búsqueda efectiva sino que, por el contrario, tomó el tiempo de 24 horas cuando eso no aplica para las infancias. ¿Y la responsabilidad de todas las instancias del Estado que deben actuar de manera efectiva? Esas nunca se culpabilizan. Si vecinos y vecinas, entre quienes había mujeres e infancias, no hubieran salido a las calles y cortado rutas, lo cual sí fue efectivamente reprimido, cabe preguntarnos si se habrían dedicado los recursos necesarios para dar con el lugar donde la niña permanecía secuestrada.

Eso se llama lisa y llanamente violencia por razones de género y violencia por razones de clase.

En nuestro espacio consideramos que podemos darnos estos debates porque, afortunadamente, en este caso no resultó en otra desaparición de una niña en manos de las redes de trata de personas, que no se agrega un caso más a las miles de desapariciones cuyo cómputo puede consultarse en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas y también a través de la Procuraduría de Trata y Explotación Sexual. En este sentido, ya sabemos que el mayor peligro que corremos quienes no somos varones es justamente ése: no ser varones.

A ese riesgo se agrega el riesgo de ser niña o niño en situación de pobreza, de indigencia, o peor: en la marginalidad más absoluta, al punto de vivir en la calle.

Desde la Secretaría de Inclusión Social entendemos que el hecho de que esta niña y su familia, como tantas infancias y sus familias, se encuentren viviendo en condiciones inaceptables desde todos el punto de vista de los derechos humanos, requiere del compromiso y acciones efectivas para su especial protección, asistencia, provisión de elementos y servicios básicos para el “buen vivir” y que, además, se piense en la prevención y mitigación de los riesgos que conlleva la vulnerabilidad y vulneración de los derechos, como también en políticas sociales que protejan a quienes menos acceso tienen a la vivienda, la educación, la alimentación y todo aquello que sostiene la vida como principal propósito.

Cuando los medios olviden el caso de la niña que permaneció tres días secuestrada, ¿recordarán a las miles de familias que no salen en los canales de televisión o en los diarios?

Y las personas en general, ¿seguirán aplaudiendo desalojos de familias sólo en aras del derecho a la propiedad privada puesto por encima del derecho a un techo digno?

En lo que respecta a Campana, en el ámbito local sabemos, aunque la actual gestión municipal se empeñe en mostrar sólo la arista de clase media y media alta con que se pretende seguir caracterizando a nuestra ciudad, que existen familias que viven y sobreviven en condiciones de total desprotección de todo mecanismo estatal de asistencia y prevención. En numerosos barrios se asientan familias que no sólo soportan la precariedad laboral, la falta de agua potable, la violencia cotidiana del maltrato por parte de funcionarios a quienes no les interesa su situación más que para lograr votos, sino que además subsisten en la incertidumbre de no saber si al día siguiente podrán conservar el lote sobre el que edificaron una casilla que lejos está de proporcionar las condiciones mínimas de seguridad edilicia, de salubridad, alimentación, transporte, en suma, de garantía de los derechos básicos de quienes residen allí.

En el Frente Grande de Campana aplaudimos que tanto las acciones de la gente de a pie como el despliegue de las fuerzas hayan posibilitado que la niña fuera encontrada con vida.

Pero consideramos que ni ella, ni las familias que no vemos por estar invisibilizadas, ni las infancias y familias de nuestra ciudad, deben permanecer en situaciones contrarias al buen vivir, sino que ellas deben ser el centro y la guía de cualquier política social que pretenda prevenir y erradicar todo tipo de violencia.

Mireya Ribas Medal, Secretaria Inclusión Social Frente Grande de Campana