El despido no puede financiarse debilitando la seguridad social (por Soledad Alonso)
El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la Ley de Modernización Laboral, puede parecer una discusión técnica, pero en realidad plantea una pregunta profundamente política: ¿quién debe asumir el costo de las decisiones empresarias y qué lugar ocupa la seguridad social en ese esquema?
El Gobierno presenta al FAL como una herramienta para facilitar el pago de indemnizaciones y otorgar previsibilidad a las empresas. Es importante aclararlo: la indemnización no desaparece y el empleador continúa siendo responsable de su pago. Lo que cambia es la forma en que se financia.
Las empresas realizan una contribución al FAL —del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las MiPyMEs— pero, al mismo tiempo, reciben una reducción equivalente de contribuciones patronales destinadas a la seguridad social.
Y ahí está uno de los puntos centrales de nuestra preocupación. Esos recursos contribuyen al financiamiento de jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, el Fondo Nacional de Empleo y el PAMI. Por lo tanto, no estamos hablando simplemente de una empresa que constituye, con recursos adicionales propios, una reserva para afrontar futuras indemnizaciones. Estamos hablando de recursos que dejan de ingresar al sistema de seguridad social para contribuir a financiar contingencias laborales del empleador.
Como trabajadora de ANSES, dirigente sindical y legisladora, creo que tenemos la obligación de advertir lo que significa este cambio. La seguridad social no es una caja del Estado de la que se pueden sacar recursos sin consecuencias. Es un sistema solidario que se sostiene fundamentalmente con trabajo registrado, salarios y aportes y contribuciones suficientes.
Y esto ocurre, además, en un momento en el que necesitamos exactamente lo contrario: más empleo registrado, mejores salarios y mayor financiamiento para nuestro sistema previsional.
Hay también una discusión profundamente laboral. Nuestra Constitución establece la protección contra el despido arbitrario. La indemnización no sólo busca reparar al trabajador que pierde su empleo: también representa un costo que debe asumir quien toma la decisión de despedir sin causa.
El FAL no elimina ese derecho, pero cambia la economía del despido. Permite que el empleador constituya anticipadamente una reserva para afrontar esas desvinculaciones y que lo haga mientras recibe una reducción equivalente de contribuciones destinadas a la seguridad social.
Además, ese fondo no pertenece al trabajador. No es un ahorro individual, no lo acompaña cuando cambia de empleo y, bajo determinadas circunstancias, los recursos remanentes pueden incluso regresar al empleador.
Entonces la pregunta sigue siendo inevitable: si la seguridad social resignó recursos para contribuir a constituir ese fondo, ¿por qué un eventual remanente puede volver al empleador y no al sistema que dejó de percibirlos?
Esta discusión, afortunadamente, también comenzó a tener una respuesta concreta en el Congreso Nacional. El pasado 24 de septiembre, las diputadas y diputados nacionales Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Hugo Moyano, Hugo Yasky y José Gómez presentaron el proyecto 4963-D-2026, que propone derogar el Título II de la Ley de Modernización Laboral, precisamente el que creó los Fondos de Asistencia Laboral.
No se trata solamente de señalar las consecuencias de una norma. También se trata de generar las herramientas legislativas necesarias para revertirlas. La presentación de este proyecto abre la posibilidad de que el Congreso vuelva a discutir un mecanismo que, desde nuestra mirada, altera injustificadamente el destino de recursos que deben fortalecer la seguridad social.
Por esa razón, presenté también en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración expresando nuestro beneplácito por la iniciativa presentada en el Congreso Nacional para derogar los FAL.
Sabemos que es el Congreso de la Nación el ámbito competente para modificar esta legislación. Pero la Provincia de Buenos Aires concentra a millones de trabajadores y trabajadoras que serán alcanzados por sus consecuencias, y por eso considero que la Legislatura bonaerense no debe permanecer indiferente frente a una discusión que involucra el empleo, los derechos laborales y los recursos de la seguridad social.
Desde el sindicalismo cuestionamos esta lógica porque creemos que el desafío de la Argentina no puede ser encontrar mecanismos cada vez más eficientes para financiar despidos. El desafío tiene que ser generar trabajo, recuperar salarios, fortalecer la registración laboral y garantizar derechos.
Por eso esta discusión excede al FAL. Lo que está en debate son dos maneras de pensar el mundo del trabajo.
Nosotros defendemos una en la que el trabajo registrado fortalezca un sistema solidario de seguridad social; en la que las contribuciones financien jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones; y en la que el derecho laboral mantenga su función esencial de proteger a la parte más débil de la relación laboral.
La presentación del proyecto de derogación en el Congreso y nuestro acompañamiento desde la Legislatura bonaerense buscan llevar esa discusión a los ámbitos donde debe darse: con argumentos, con debate y defendiendo el destino de recursos que pertenecen al sistema de seguridad social.
Porque hay una idea que para nosotros debe ser muy clara: no hay seguridad social fuerte sin empleo registrado, buenos salarios y contribuciones suficientes. Y las consecuencias económicas de una decisión empresaria deben seguir siendo responsabilidad de quien toma esa decisión, no financiarse debilitando los recursos destinados a proteger a trabajadores, jubilados y sus familias.
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