A 50 años de La Noche de los Tubos: los trabajadores de Dálmine-Siderca que Campana todavía no terminó de recordar
Este 22 de septiembre se cumplen cinco décadas de uno de los episodios más oscuros de la represión en Campana. Cuatro trabajadores de Dálmine-Siderca fueron secuestrados de sus domicilios y posteriormente desaparecidos. La investigación judicial y los testimonios acumulados durante estos años también reconstruyeron la participación de la empresa en el entramado represivo. Sin embargo, medio siglo después, aquella historia continúa teniendo una presencia llamativamente limitada en la memoria pública de la ciudad.
El 22 de septiembre de 1976, cuando habían pasado apenas seis meses del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar argentina, Campana fue escenario de una serie de operativos que tuvieron como blanco a trabajadores de Dálmine-Siderca. Durante aquella madrugada fueron secuestrados de sus domicilios Alberto Luis Bedia, Raúl Aroldo Moreno, Armando Culzoni y Manuel Ignacio Martínez, cuatro trabajadores de la principal empresa industrial de la ciudad. Ninguno volvió a su casa. Los cuatro permanecen desaparecidos.
La secuencia represiva no fue un hecho aislado ni puede ser comprendida únicamente como parte de la persecución política desplegada por las Fuerzas Armadas. Los cuatro trabajadores tenían en común su vínculo con Dálmine-Siderca y, en distintos grados, su participación sindical y política. La investigación histórica y judicial permitió reconstruir que la represión sobre los trabajadores de la empresa había comenzado antes del golpe y que durante la dictadura existió una estrecha articulación entre el aparato represivo estatal y determinados sectores de la compañía. De aquella madrugada quedó una denominación que con el tiempo se incorporó a la memoria de Campana: La Noche de los Tubos.
Los cuatro trabajadores
Alberto Luis Bedia fue secuestrado de la casa de sus padres, ubicada en Corrientes 175. Los represores irrumpieron durante la madrugada, lo sacaron de la vivienda en pijama y se lo llevaron en uno de los vehículos que aguardaban en las inmediaciones. Sus padres fueron obligados a permanecer en el suelo mientras se desarrollaba el operativo. Bedia era trabajador de Dálmine-Siderca y tenía actividad sindical. La Justicia estableció posteriormente que fue asesinado y que sus restos fueron ocultados y nunca pudieron ser recuperados.
Otro de los operativos tuvo como víctima a Raúl Aroldo Moreno, quien vivía en Moreno 984. El grupo armado ingresó violentamente a la vivienda, identificó al trabajador y se lo llevó detenido. Moreno fue trasladado al circuito represivo que funcionó en la zona, incluido el centro clandestino "Tiro Federal" de Campana. Su asesinato también fue acreditado judicialmente y, como ocurrió con los demás trabajadores secuestrados aquella noche, sus restos continúan sin aparecer.
En Chacabuco 673 vivía Armando Culzoni, junto a su esposa, Nelly Caballero, y su pequeño hijo. La patota ingresó a la vivienda durante la madrugada, encapuchó y redujo a su esposa, y se llevó al trabajador. Durante el procedimiento también fueron sustraídas pertenencias de la casa. Culzoni fue posteriormente asesinado y sus restos permanecen desaparecidos.
El cuarto caso fue el de Manuel Ignacio Martínez, quien residía en Enrique Roca 428. Un grupo armado irrumpió en su domicilio, encerró al resto de los habitantes en una habitación y se llevó al trabajador. Los testimonios y la investigación judicial permitieron reconstruir su paso por el circuito represivo y establecer que fue asesinado. Sus restos tampoco fueron encontrados.
La dimensión de lo ocurrido adquiere mayor gravedad cuando se observa que aquellos cuatro secuestros formaron parte de una persecución mucho más extensa.
Las investigaciones judiciales y de organismos de derechos humanos (como la Comisión Provincial por la Memoria) documentaron decenas de víctimas vinculadas laboralmente con Dálmine-Siderca y reconstruyó una política represiva dirigida especialmente contra trabajadores organizados, delegados y militantes. La empresa no era un escenario accidental de aquella persecución: constituía uno de los principales centros industriales de la región y sus trabajadores estaban entre los sectores sociales que la dictadura buscó disciplinar.
La relación entre la empresa y la represión
La responsabilidad del Estado en los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cometidos durante la dictadura fue establecida por numerosos procesos judiciales. Pero en el caso de Dálmine-Siderca existe otra dimensión que durante años tuvo mucho menos espacio en la discusión pública: el papel desempeñado por la empresa y sus estructuras directivas en la persecución de sus propios trabajadores.
La Fiscalía Federal, en el marco de la Megacausa Campo de Mayo, reconstruyó parte de esa relación a partir de documentos y testimonios. Según el Ministerio Público Fiscal, dentro de la planta existían mecanismos de vigilancia e inteligencia destinados a identificar trabajadores y militantes, mientras que determinados sectores de la empresa mantenían vínculos con integrantes de las fuerzas represivas.
Uno de los elementos más significativos de la investigación es la utilización de información interna sobre los trabajadores. Los testimonios incorporados a la causa permitieron reconstruir la existencia de listados y registros de empleados considerados conflictivos o vinculados con actividades gremiales y políticas. Esa información tenía un valor particular en un contexto en el que ser identificado como militante sindical podía convertirse en un factor de riesgo para la vida.
También existe documentación que muestra una situación particularmente reveladora: trabajadores que habían sido secuestrados aparecían posteriormente en los registros laborales de la empresa como personas que habían abandonado sus puestos. En determinados casos se enviaron telegramas de despido argumentando abandono de tareas mientras esos empleados se encontraban desaparecidos.
Una historia incómoda para Campana
La dificultad para abordar este pasado tiene además una particularidad que no puede ignorarse: Dálmine-Siderca no fue simplemente una empresa instalada en Campana. Durante décadas, el desarrollo económico, social y laboral de la ciudad estuvo profundamente vinculado a ella y, posteriormente, al Grupo Techint y a Tenaris.
La empresa construyó una presencia que excede ampliamente la producción industrial. Su participación en instituciones, escuelas, clubes, actividades culturales, proyectos educativos y distintas iniciativas comunitarias forma parte de la vida cotidiana de Campana. También ha mantenido relaciones con diferentes gobiernos municipales y con numerosos actores políticos, sociales y económicos de la ciudad. Al respecto, Código Plural escribió la siguiente nota, cuya lectura recomendamos fuertemente: "Don Francisco Álvarez Tenaris" [click acá]
Pero está claro que esa presencia no constituye, por sí misma, una explicación automática sobre el silencio y la indiferencia social casi total respecto de la complicidad de la empresa con el régimen totalitario, una indiferencia tan triste como innegable para cualquiera interesado en la causa de los Derechos Humanos en la ciudad.
En Campana, el conocimiento público sobre el rol de Dálmine-Siderca durante la dictadura continúa siendo muy inferior al que existe sobre la importancia económica de la compañía. Muchos vecinos conocen la historia industrial de la empresa, sus principales referentes, sus aportes a instituciones locales o las oportunidades laborales que generó. Sin embargo, el nombre de Bedia, Moreno, Culzoni o Martínez sigue siendo desconocido para una parte importante de la población.
La responsabilidad es compartida: es de los medios de comunicación que aceptan gustosos una jugosa pauta de la empresa a cambio de autocensurarse cómplicemente, pero también lo es de los distintos gobiernos municipales que se han sucedido, y que han preferido la comodidad económica que les ofrece ser ''amigo'' de la empresa en vez de dar a conocer su oscura historia.
Así, hoy la memoria sobre el terrorismo de Estado reposa casi por completo en la tarea titánica y quijotesca de los organismos de derechos humanos, familiares de víctimas, militantes ''sueltos'' y demás esfuerzos aislados, que son nobles pero insuficientes.
Cuatro vecinos de Campana -entre muchos otros en otras fechas- fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura con complicidad abierta y directa de la empresa. Si todos en la ciudad conocieran lo que pasó, ¿podrían luego sumarse a correr maratones, ''Fiestas geniales'' y aceptar dócilmente la apropiación simbólica del espacio de la ciudad por parte de la compañía? Difícilmente. Por eso, es menester para la empresa que estas historias se mantengan escondidas, barridas abajo de la alfombra.
La responsabilidad de recordar
A 50 años de La Noche de los Tubos, resulta inevitable preguntarse por qué una historia de semejante magnitud continúa teniendo una presencia tan limitada en la conversación pública local. Parte de la respuesta puede encontrarse en la propia trayectoria de Campana: una ciudad profundamente industrial, cuya identidad económica estuvo ligada durante décadas a grandes compañías que tuvieron una enorme capacidad para definir no solamente el mercado laboral, sino también buena parte de la agenda institucional y social.
En ese contexto, la historia de los trabajadores perseguidos por la dictadura queda atravesada por una contradicción difícil de resolver: quienes fueron víctimas de la represión pertenecían a la misma clase trabajadora que contribuyó a construir la riqueza industrial de la ciudad, pero sus nombres y sus historias quedaron durante décadas relegados frente al relato del progreso empresarial.
Por eso resulta necesario desingenuizar la mirada sobre Techint, sin desconocer su importancia económica ni negar los vínculos laborales que la compañía mantiene con miles de personas. Reconocer el peso de una empresa no implica aceptar sin discusión su historia. Del mismo modo, investigar su eventual responsabilidad en hechos de lesa humanidad no significa desconocer su aporte posterior a la ciudad.
Y exigir investigación, juicio y castigo, es decir, responsables, no significa condenar generalizadamente a una empresa y mucho menos a sus trabajadores. Lo que está en discusión son hechos ocurridos hace medio siglo, con una dirigencia distinta, nombres propios distintos, y en el contexto de una ciudad y una sociedad distintas. Es parte de un proceso que Campana necesita para seguir adelante, para empezar a sanar heridas. En otras ciudades, sus pueblos demandaron Justicia y la terminaron teniendo. En otras ciudades, empresas que cometieron actos similares a los de Dálmine-Siderca colaboraron con la justicia y pidieron perdón. ¿Por qué no acá?
Cincuenta años después
Durante estas cinco décadas, distintos responsables del aparato represivo fueron juzgados y condenados. La Justicia pudo reconstruir parte de lo sucedido con los trabajadores de Dálmine-Siderca y establecer responsabilidades penales de integrantes de las fuerzas que participaron de los secuestros y asesinatos.
Pero la investigación sobre la responsabilidad civil y empresarial constituye todavía una cuestión pendiente. Organismos de derechos humanos han reclamado que se profundice el análisis de la participación de las empresas en la represión contra los trabajadores. En el caso de Dálmine-Siderca, esa discusión continúa abierta.
Y hay otra deuda que no depende exclusivamente de los tribunales: la deuda de la propia sociedad campanense con su memoria.
Porque Bedia, Moreno, Culzoni y Martínez no fueron cuatro nombres abstractos dentro de una enorme lista nacional de desaparecidos. Vivían en Campana. Trabajaban en Campana. Tenían familias, compañeros y amigos en Campana. Caminaban por las mismas calles que hoy transitamos nosotros. Sus historias forman parte de la historia de esta ciudad tanto como sus fábricas, sus barrios, sus clubes, sus escuelas y sus grandes empresas.
A 50 años de La Noche de los Tubos, Campana tiene la oportunidad de volver a mirar aquella madrugada sin ingenuidades y sin silencios. Campana tiene que saber quiénes fueron las víctimas, quiénes participaron de la represión, qué información circulaba dentro de la empresa, qué papel tuvieron sus estructuras directivas y por qué tantos años después todavía existen preguntas sin respuesta. Campana tiene que saber qué hizo la empresa con el terreno donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención ''Tiro Federal''. Los campanenses tienen que saber ya desde el sistema educativo que la empresa puso a disposición de la Dictadura su hotel, su club y demás instalaciones para la persecución, el secuestro, la tortura y el exterminio. No es un mito ni una leyenda: sucedió. Hay testimonios. Los hay, y de gente que está viva.
A 50 años de ''La Noche de los Tubos'', Bedia, Moreno, Culzoni y Martínez continúan esperando Verdad, Memoria y Justicia.
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